Índice de Riesgo de Desastre
¿Qué es un IRD?
- Índice de Riesgo de Desastre. El IRD es un instrumento, basado en los datos obtenidos entre 1980 y 2000, que permite calcular el riesgo medio que un país corre de sufrir víctimas mortales a causa de desastres grandes o medianos, desencadenados por terremotos, ciclones tropicales o inundaciones. También permite determinar una serie de variables socioeconómicas y ambientales que se vinculan al peligro de muerte y pueden agravar los procesos desencadenantes del riesgo de desastre.
A los efectos del IRD, los países se clasifican según el grado de exposición física a un determinado amenaza, el grado de vulnerabilidad relativa y el grado de riesgo.
La idea que subyace en el IRD es que el riesgo de desastre no es provocado por las amenazas naturales por si mismas, sino que es también producto de la intervención humana. Así, el peligro de muerte en situaciones de desastre depende sólo en parte de fenómenos naturales tales como terremotos, ciclones tropicales o inundaciones. Debido a la falta de bases de datos internacionales (con resolución nacional), en el IRD el riesgo se refiere exclusivamente al riesgo de perder la vida, sin que se tengan en cuenta otros aspectos, como el daño a los medios de vida y a la economía.
Por definición, para que un fenómeno físico intenso sea considerado como peligroso, tiene que haber un sujeto que experimente el peligro o la amenaza. Un ejemplo de ello serían las personas, infraestructura y actividades económicas ubicadas en la radio de acción de un terremoto. En el IRD, esta relación se expresa mediante el concepto de exposición física, que hace referencia a la cantidad de personas ubicadas en zonas donde existen amenazas y a la frecuencia de los eventos peligrosos. La exposición física no es un indicador de vulnerabilidad, sino una condición sine qua non para que exista el riesgo de desastre. Si no hay personas expuestas al peligro, la vida humana no corre ningún riesgo.
¿Quién se encarga en España de elaborar los IRD?
- El centro de referencia encargado de elaborar los índices de riesgo de desastre, es; el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
El INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA es un Organismo Público de Investigación, con carácter de organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. Fue creado con la denominación de "Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino", mediante Real Decreto de 12 de julio de 1849.Más tarde, en 1910, pasó a denominarse Instituto Geológico de España, y en 1927 se reorganiza, moderniza los laboratorios, se instala en su actual sede, y adquiere el nombre de Instituto Geológico y Minero de España.
El Plan Estratégico del IGME para el periodo 2005-2009, contempla como líneas prioritarias de acción, las siguientes:
Cartografía geocientífica
Ejecución de las tareas tareas orientadas a la producción de cartografía geocientífica del territorio nacional (mapas geológicos, hidrogeológicos, metalogenéticos, de riesgos, etc.), de forma sistemática o bajo demanda de los usuarios, aplicando nuevas tecnologías e integrando bases de datos georreferenciadas, asociadas a la cartografía.
Hidrogeología y calidad ambiental
Estudio e investigación de los recursos hídricos subterráneos, de su calidad natural, y de las presiones e impactos a que están sometidos, así como de los procesos en la zona no saturada, con especial atención al estudio de los suelos contaminados y al desarrollo de metodologías y técnicas de descontaminación.
Recursos minerales e impacto ambiental de la minería
Estudio del ciclo de vida de los recursos minerales, desde la investigación de los procesos geológicos que dan lugar a yacimientos de minerales y rocas de interés económico, hasta la ordenación minero-ambiental y la recuperación y restauración de los espacios mineros.
Riesgos geológicos, procesos activos y cambio global
Investigación, análisis y caracterización de los procesos geológicos susceptibles de desencadenar daños en bienes y personas (avenidas e inundaciones, terremotos, vulcanismo, movimientos de ladera, etc.), y de provocar afecciones al medio físico (desertización, erosión de costas, recursos hídricos subterráneos, etc.)
Geología del subsuelo y almacenamiento geológico de CO2
Investigación en geología del subsuelo, y modelización en 3D, para la determinación espacial y la caracterización geométrica e hidráulica de estructuras y formaciones geológicas susceptibles de ser utilizadas como almacenamiento geológico profundo de CO2, y de otras sustancias potencialmente nocivas para el medio ambiente.
Geodiversidad, patrimonio geológico-minero y cultura científica
Investigación orientada a definir y caracterizar la geodiversidad del territorio español, y a estudiar y divulgar el patrimonio geológico e histórico-minero, así como la Investigación mineralógica y paleontológica para actualizar y divulgar las colecciones del Museo Geominero.
Sistemas de información geocientífica
Investigación y desarrollo de modelos de datos en plataformas acordes con la realidad tecnológica actual para la puesta a disposición de los usuarios de la información geocientífica del IGME, facilitando su acceso a través de Internet.
Para más información; página oficial del IGME: http://www.igme.es/internet/default.asp
¿Por qué en la mayoría de los casos no se llevan a cabo?
- El principal motivo por el que estos casos no se llevan a cabo es económico. Los planes de urbanismo no tienen en cuenta los mapas de riesgo, en los que se especifican cuales son las áreas más propensas en las pueden darse estas catástrofes naturales. Esto supone que muchas áreas urbanas estén construidas en zonas en las que el riesgo es muy elevado, por lo que cuando las catástrofes ocurren producen una gran cantidad de daños materiales y sobre todo muertes, que no se darían en el caso de que se hubiera antepuesto la seguridad de las personas al benefició económico.
¿A quién beneficia que no se elaboren informes de catástrofes o que no se den a conocer?
- El que no se elaboren informes de catástrofes o que estos no se den a conocer favorece principalmente a los ayuntamientos y a los promotores inmobiliarios, quienes presionan para que no se hagan y, mucho menos, que se difundan. Puesto que esto supondría que los beneficios que pudieran conseguir disminuyeran cuantiosamente.
La trágica muerte de 87 personas en el camping Las Nieves de Biescas.
En agosto de 1996, 87 personas perdieron la vida a consecuencia de la inundación torrencial que arrasó el camping de Las Nieves en Biescas (Huesca). A pesar de que un ingeniero de montes de la Administración aragonesa, y un informe del propio IGME habían alertado un año antes de que en ese cono de deyección en la desembocadura del torrente del Arás, en el río Gállego, existía un alto riesgo de catástrofe. La Administración aragonesa ignoró el informe y construyó un camping.Las familias de los afectados por esta catástrofe intentaron, sin éxito, llevar a cabo un juicio oral, con el fin de sacar el en claro sobre quien debía caer la responsabilidad de tan trágico, peo predecible, suceso.
«En España todos los políticos implicados en urbanismo saben que un informe científico-técnico no es vinculante», por ello si construir una urbanización o en este caso un camping beneficia sus intereses económicos, no tienen ningún reparo en anteponer sus intereses, al bien social.
Muchos políticos se excusan alegando que estos desastres son consecuencia de una maldición divina más que de un despropósito urbanístico evitable si se le hubiera hecho caso a científicos e ingenieros. Tras la catástrofe de Biescas todo fueron buenos deseos e, incluso, se creó una comisión en el Senado, que ha servido de bien poco.
¿Qué beneficio se obtiene de recalificar unos terrenos como urbanizables a pesar de los informes de riesgo?
El problema, en este país, es que los informes científicos y los mapas de riesgo que se llevan a cabo, para determinar donde no debería construirse, no tienen rango de ley. En otros países sí, pero aquí los ayuntamientos no tienen responsabilidad penal aunque se demuestre, tras una catástrofe, que los terrenos sobre los que se había construido habían sido considerados como de alto riesgo, por los estudios científicos.
Los políticos no están interesados en que se elaboren estos mapas, porque podrían ser conocidos por la ciudadanía y poner trabas a sus políticas urbanísticas. Lo que supondría perdidas millonarias para el alcalde y sus concejales.
Por ello recalificar terrenos considerados de alto riesgo, supone un gran beneficio para las promotoras inmobiliarias y para los ayuntamientos, que en ocasiones recalifican terrenos de forma ilegal, simplemente por los sobornos que reciben de estas promotoras, quienes además de utilizar terrenos no adecuados, en ocasiones, incluso llegan a emplear materiales de mala calidad, vendiendo después a las personas estas viviendas a precio de oro, aún sabiendo que sus vidas pueden correr un grave peligro.
Todo esto no pasaría, si se otorgara a los estudios científicos el rango de ley que se merecen, por que no solo se puede culpar a los ayuntamientos por recalificar terrenos para la construcción ilegal, sino que también debe juzgarse a los ayuntamientos que conceden licencias de construcción en zonas que aunque legalmente puedan considerarse urbanizables, presenten un alto riesgo de catástrofe.
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Imanol -